Blanca Narro respalda reforma federal; menores captados por el narco serán considerados víctimas de reclutamiento forzado.

Altamira, Tam.- Hasta 25 años de prisión el reclutamiento de personas para incorporarlas a grupos criminales, además de reconocer como forzado todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

“La niñez no puede seguir siendo utilizada como carne de cañón por las organizaciones criminales. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar desde el primer intento de reclutamiento”, sostuvo Blanca Narro Panameño.

La diputada federal, Blanca Narro, respaldó el dictamen que tipifica el reclutamiento criminal como delito autónomo y reforma la legislación en materia de trata de personas y justicia penal para adolescentes. La minuta fue turnada al Senado.

La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión para quien invite, induzca, incorpore o reclute personas para integrarlas a organizaciones delictivas. Cuando se utilicen amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, la sanción aumentará de 15 a 25 años.

El cambio busca cerrar un vacío legal que dificultaba perseguir la captación criminal sin esperar a que las víctimas participaran en otros delitos.

En Tamaulipas, los reportes sobre adolescentes detenidos por delitos violentos y presuntos vínculos con grupos criminales reportan cifras por más de 600 menores detenidos. A escala nacional, estimaciones atribuidas a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) sitúan entre 145 mil y 250 mil a niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento por grupos delictivos, en contextos de violencia familiar, abandono escolar y control territorial criminal.

“Cuando un adolescente es reclutado por la delincuencia, no podemos limitarnos a juzgar sus actos sin investigar primero las condiciones en las que fue captado y reconocer su condición de víctima”, afirmó la legisladora y maestra Blanca Narro.

La reforma también obliga al Ministerio Público a notificar a las procuradurías de protección cuando existan indicios de reclutamiento de adolescentes, cuya condición de víctimas deberá considerarse en el sistema de justicia especializado. Se prevén medidas de asistencia para su recuperación y reintegración social.

Además, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad bajo determinadas circunstancias agravantes, entre ellas la participación de servidores públicos o integrantes de corporaciones de seguridad y la vulnerabilidad de las víctimas.

El decreto contempla un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus leyes una vez que entre en vigor.

La reforma deberá completar el proceso legislativo en el Senado antes de su publicación y entrada en vigor.